Perú ha declarado estado de emergencia nacional. En la última semana, desde que el ahora expresidente Pedro Castillo había intentado disolver el Congreso, las protestas callejeras se han amplificado.
El miércoles 7 de diciembre, el presidente Castillo anunció que disolvería el Congreso por “restaurar el estado de derecho y la democracia en el Perú” y convocar nuevas elecciones. Esto se denominó golpe y se votó su destitución, lo que posteriormente condujo a su arresto por rebelión y conspiración contra la constitución estatal.
No fue la primera vez que Castillo ha sido acusado. Ya en diciembre de 2021, había evitado un intento de enjuiciamiento por “incapacidad moral"1 los exponentes de derecha encabezados por Keiko Fujimori para gobernar, pero la moción no reunió los votos necesarios y fue rechazada por 76 votos contra 46.
Otro intento de acusación fue evitada por Castillo el 28 de marzo de este año cuando había cincuenta y cinco votos a favor y, por tanto, una vez más, insuficientes para sustentar la acusación de corrupción y “incapacidad moral permanente".
Luego de la votación del Congreso, los jueces peruanos dieron mandato a la policía para arrestar al presidente Castillo y mantenerlo detenido durante siete días. El dirigente fue escoltado a la misma prisión donde el expresidente peruano Alberto Fujimori cumple condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su presidencia.
En los días siguientes se desencadenaron múltiples manifestaciones de protesta en diferentes regiones del país. La población se divide entre quienes exigen nuevas elecciones y la liberación del presidente y quienes protestan contra la corrupción perenne en la política local. Los manifestantes que apoyan a Castillo piden ir a votar de inmediato en lugar de permitir que el nuevo presidente permanezca en el poder hasta 2026, el final natural de la legislación.
En Arequipa, la segunda ciudad de Perú, los manifestantes intentaron bloquear el aeropuerto incendiando neumáticos y arrojando piedras a la pista. En Andahuaylas, enfrentamientos entre policías y alborotadores dejaron dos muertos y al menos cinco heridos.
A pesar del compromiso anunciado por la nueva presidenta, Dina Boluarte, de convocar nuevas elecciones anticipadas primero en abril de 2024, luego, el miércoles de diciembre de 2023, las protestas no han disminuido.
El domingo 11 de diciembre se reportaron protestas en muchas ciudades como Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno. En su discurso de este lunes, Boluarte (primera mujer presidenta), declaró el estado de alarma en las zonas de "alto conflicto", un movimiento que permitiría a las fuerzas armadas tomar más control si fuera necesario.
“Di las instrucciones para que se restablezca pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales del pueblo”2, dijo el nuevo presidente, lamentando las muertes en Apurímac.
La promesa de Boluarte de adelantar las elecciones no ha producido los efectos deseados y los manifestantes continúan exigiendo su renuncia, la clausura del Congreso que deja de ser representativo del pueblo peruano y la liberación de Castillo.
Las principales aerolíneas, incluida LATAM, han cancelado vuelos domésticos a Arequipa y Cusco debido a las manifestaciones. Los manifestantes continuaron bloqueando carreteras en 11 departamentos, principalmente en el sur del país, incluidos tramos de la Carretera Panamericana, una arteria vital que recorre la costa del Pacífico. También en la Amazonía peruana, la federación indígena más grande del país, AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), anunció movilizaciones masivas para exigir elecciones generales inmediatas.
El miércoles se declaró estado de emergencia nacional y el ministro de Defensa anunció que la medida de 30 días implica "la suspensión de la libertad de circulación y reunión" y puede incluir un toque de queda después "vandalismo y violencia", incluidas las barricadas. “La Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas garantizará el control en todo el territorio nacional de los bienes muebles y, sobre todo, de la infraestructura estratégica y la seguridad y bienestar de todos los peruanos”, Dijo el ministro Alberto Otarola.
Los partidarios de Castillo continúan pidiendo la liberación de su líder, así como nuevas elecciones y la destitución de su sucesora, la exvicepresidenta Dina Boluarte.
Mientras tanto, el jueves 15 de diciembre, una comisión de la Corte Suprema extendió la detención de Castillo por 18 meses. La decisión no aborda el fondo de los cargos, pero un juez ha señalado que existe un riesgo de fuga, surgido tras el intento del exmandatario de solicitar asilo en la embajada de México en Lima.
Por su parte, Castillo negó todas las acusaciones en su contra y tuiteó: "¡Basta! La indignación, la humillación y los malos tratos continúan. Hoy limitan mi libertad nuevamente con 18 meses de prisión preventiva. Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que sucede en el país".
Ese mismo día en Ayacucho siete personas murieron en enfrentamientos con la policía y el gobierno impuso toque de queda en 15 provincias, particularmente en las rurales andinas. Las autoridades dicen que al menos 15 personas han muerto en todo el país hasta la fecha y doscientos policías han resultado heridos.
Cuatro niñas italianas también fueron víctimas de las protestas. El miércoles, el autobús en el que viajaban fue bloqueado durante 24 horas por manifestantes que apoyaban a Castillo cerca del pueblo de Checacupe.
El viernes pasado, a última hora de la noche, fuentes de ANSA informaron que los cuatro compatriotas lograron partir nuevamente hacia Cusco escoltados por policías.
1 art.113 c.2 Constitución Política del Perú 1993
2 noticiasrnd.com
Marco: BBC
