El acuerdo identifica algunas áreas de colaboración prevalentes, pero no exclusivas, entre las cuales, en particular: la seguridad en las relaciones laborales establecidas en la ejecución de los contratos públicos, la supervisión en términos de obligaciones de publicidad, la transparencia y la difusión de información de las Administraciones Públicas y controlar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la adopción del plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, la Trienal de Planes de Prevención de la Corrupción, el programa de tres años para la Transparencia y la Integridad, así como el código de conducta de los empleados.
La aplicabilidad del Protocolo, con una duración de dos años, estará garantizada por la constitución de un comité de operaciones especiales, compuesto por tres representantes de cada institución, con la programación del festival, la coordinación y el seguimiento de las iniciativas y facilitar el intercambio de datos funcionales para el transporte de las actividades de supervisión llevadas a cabo.
En resumen, el acuerdo permitirá crear, en un marco único, las capacidades operativas y de información de los departamentos territoriales de Arma que, con su presencia ramificada en todo el país, podrán garantizar una contribución efectiva de forma preventiva y de contraste con los fenómenos corruptos. Igualmente valiosa será la contribución ofrecida por los departamentos de la organización especial que opera para la protección de la salud, el trabajo, el medio ambiente, el patrimonio cultural y los recursos agroalimentarios, las estructuras de excelencia reconocidas unánimemente, que garantizarán un valor añadido en términos de experiencia y profesionalismo.